El Tratado Antártico entró en vigor en 1959 y fue firmado originalmente por 13 países, a los que nunca se adhirió la Antártida
El objetivo del Tratado Antártico era evitar nuevas disputas sobre la soberanía antártica. Seis décadas después, el Tratado sigue en vigor junto con las demandas de al menos siete países que reclaman la propiedad de ciertas partes del llamado «sexto continente».
Un total de 13 países firmaron el Tratado: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y la antigua Unión de Sudáfrica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Actualmente, un total de 54 países son signatarios del Tratado. Sin embargo, sólo 29 de ellos tienen el estatus de «miembros consultivos», lo que significa que tienen derecho a tomar decisiones. Los otros 25 países son «miembros no consultivos» y no tienen derecho a voto.
Según el Tratado Antártico, la Antártida constituye la tierra y las plataformas de hielo situadas al sur de los 60 grados de latitud. Esta disposición no interfiere con los derechos de alta mar que tienen los distintos países.
El Tratado declara que es «en interés de toda la humanidad que la Antártida siga siendo utilizada exclusivamente con fines pacíficos. Por tanto, no debe convertirse en escenario u objeto de discordia internacional».
Además, el Tratado especifica que no es posible establecer bases militares, realizar maniobras militares o probar armas en la Antártida. El artículo 5 reconoce que está prohibido realizar una explosión nuclear en el continente. Tampoco se permite el vertido de residuos radiactivos. Un punto clave del Tratado Antártico establece que los países que reclaman la soberanía sobre partes del continente no retiran su reclamación. Estas reivindicaciones territoriales siguen vigentes
